Espionajes de la DINI

El presidente Ollanta Humala y la censurada primera ministra, Ana Jara, “estaban al tanto” de las acciones de espionaje que realizaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a la vicepresidenta Marisol Espinoza, antes de que el caso saliera a la luz.

Así, “lejos de adoptar medidas drásticas, decidieron actuar con negligencia, dejando de lado la denuncia para dar credibilidad a otra más inverosímil elaborada por altos directivos del órgano de Inteligencia para justificar su accionar”.

Esta es una de las principales conclusiones del informe en minoría de la Comisión de Inteligencia sobre las denuncias de seguimiento, reglajes y rastreos a políticos, empresarios y periodistas, suscrito por Luz Salgado, Carlos Tubino y Javier Bedoya, quienes piden remitir lo actuado al Ministerio Público, para que determine las responsabilidades del caso.

Las indagaciones determinaron que el jefe del Estado y el entonces jefe de la DINI, Víctor Gómez, fueron informados de los hechos por la propia vicepresidenta, mientras que la premier Ana Jara, enterada de los hechos, envió a los jefes de Inteligencia a dar una explicación a Marisol Espinoza. Por este motivo, Salgado declaró que Jara no dijo la verdad cuando señaló que se enteró de la denuncia por medio de la prensa.

En el documento se indica que, por las declaraciones y del análisis de la documentación, “se ha podido determinar que se habrían utilizado recursos de la DINI para realizar acciones ilegales de seguimiento a personajes políticos, con el objetivo de condicionar su actividad o dañar su imagen, desprestigiándolos”. Estas actividades, añade, “serían reflejo de un plan diseñado desde el Gobierno”.

En el caso de Marisol Espinoza, el informe destaca las evidentes contradicciones expresadas por los agentes de Inteligencia intervenidos y la falta de sustento para justificar el plan ‘Islámicos’, con lo que las autoridades pretenden justificar la presencia de personal de Inteligencia al frente del domicilio.

De acuerdo con el texto, se ha acreditado la realización de seguimientos sostenidos y sistemáticos a Jorge del Castillo, a la congresista Natalie Condori y al ex asesor parlamentario Jorge Paredes Terry, con el fin de des-prestigiarlos ante la opinión pública.

Los seguimientos habrían sido realizados por personal de la DINI y los informes derivados a un sector de la prensa por funcionarios cercanos a Palacio de Gobierno. Estas acciones “solo pudieron realizarse con el consentimiento y aprobación del jefe de la DINI y del presidente Humala”,

Las investigaciones también determinaron que el ex asesor presidencial Eduardo Roy Gates se reunió con dos jefes de operaciones de la DINI, Arturo Barraza y Jhonny Bravo, quienes reconocieron que acudieron a Palacio por disposición del jefe de Contra inteligencia, Mauro Castañeda.

ESTUDIOS DE KEIKO FUJIMORI CON DINERO DEL PUEBLO

Los fiscales Jaime Schwarz y Jorge Cortez pasaron por alto las conclusiones del informe de los peritos de la Contraloría General de la República que detectaron que el ex presidente Alberto Fujimori gastó US$ 1 millón 225 mil por los estudios de sus hijos Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi en los Estados Unidos. 

El ex mandatario no pudo haber financiado dicho monto con sus propios ingresos porque durante su mandato (1990-2000) no cobró ni un centavo de los US$ 80 mil que le correspondió como sueldo, de acuerdo con informe de los abogados Carlos Rivera Paz y Antonio Salazar García, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes hicieron una evaluación del expediente del Ministerio Público sobre el caso y actualizaron los datos. 

Rivera y Salazar destacan que Keiko Fujimori ha dado diversas versiones y contradictorias sobre el origen de los fondos con los que su padre sufragó sus gastos universitarios y los de sus hermanos. Sin embargo, para los fiscales Schwarz y Cortez no ha sido relevante que la candidata presidencial del fujimorismo no haya ofrecido una manifestación firme sobre la fuente que usó el ex mandatario Alberto Fujimori para sufragar las carreras universitarias de sus cuatro hijos en Estados Unidos. 

Keiko Fujimori ha dicho el 10 de enero del 2001 ante la Comisión Waisman que su padre le daba en la mano y en efectivo, en Palacio de Gobierno, el dinero para pagar sus estudios y los de sus hermanos. 
El 27 de setiembre del mismo año, esta vez ante la Comisión Mulder, ratificó la manifestación: “Mi padre me daba el dinero en efectivo, acá”. 

Convertida en congresista y candidata presidencial, ahora la hija mayor del ex Jefe del Estado arguye que Alberto Fujimori financió los estudios en Norteamérica con los US$ 660 mil de la venta de una propiedad inmueble en Surco. 
Rivera y Salazar recuerdan que dicha operación inmobiliaria se produjo a fines de 1999, cuando Keiko e Hiro ya habían terminado sus respectivas carreras. Además, el movimiento bancario de Sachi y Kenyi demuestra que el dinero que les dio su progenitor no se destinó a las cuentas de las universidades donde se graduaron. 

“Además de las distintas versiones que ha dado la candidata Keiko Fujimori, existen múltiples pruebas disponibles en el expediente de la investigación de la Fiscalia de la Nación que permiten establecer que los estudios de los hermanos Fujimori, entre los que se encuentra Keiko Fujimori, fueron financiados de manera ilícita con dinero del Estado”, afirmó Carlos Rivera. 
“Están las declaraciones de Vladimiro Montesinos, ex asesor personal de Fujimori, quien ha manifestado ante la fiscal Gladys Echaíz que se usaron fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para pagar la universidad del ex presidente por orden expresa de este”, dijo por su lado Antonio Salazar. 

“Existen pruebas suficientes que evidencian el origen ilícito del dinero con que se pagaron los estudios universitarios de la candidata Keiko Fujimori y de sus tres hermanos, dinero que probablemente salió de los fondos públicos”, precisa Carlos Rivera. 
Respecto a los nueve años que se tomó el Ministerio Público para retornar el caso a fojas cero, Antonio Salazar dijo: “Se trata de un caso de influencia política y del empoderamiento del fujimorismo”, señaló: “La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, le debe explicaciones al país”. 

Con el visto bueno del fiscal superior Jorge Cortez, el fiscal Jaime Schwartz concluyó que no existen pruebas para investigar penalmente como cómplices del delito de peculado a Keiko Fujimori y sus hermanos y archivó el caso. 
Respecto al caso de complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito, Schwarz resolvió que se pronuncie el despacho de la Fiscal de la Nación, de donde salió el caso en el 2001. En ese año, la titular Nelly Calderón Navarro ordenó investigar el caso de los estudios en EEUU. Y hasta ahora no pasa nada.  

“A todas las versiones que ha dado Keiko Fujimori debe añadirse la declaración del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos ante la fiscal Gladys Echaíz, quien ahora es Fiscal de la Nación. Afirmó que por orden de Fujimori dispuso de fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para pagar los estudios de sus hijos en Estados Unidos y que a veces se usaron terceras personas para la entrega del dinero”, explicó Omar Chehade, ex procurador del caso Fujimori-Montesinos. 

Keiko Fujimori ha dicho al respecto que Vladimiro Montesinos ha declarado en ese sentido “porque me odia”. Empero, Chehade recuerda que “dos ex secretarias de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce, han corroborado lo dicho por Montesinos, de manera que no se puede hablar de un supuesto resentimiento, lo que dice el ex asesor ha sido ratificado por otras dos personas”. 
En relación con el desempeño de los fiscales que ventilaron el caso de los estudios de Keiko y hermanos, y que concluyeron en retornar a fojas cero la investigación, Omar Chehade dijo: “Se trata de una evidente operación de ‘limpieza’ para allanar la candidatura de Keiko Fujimori. Hay una componenda”.

FUENTE: http://www.larepublica.pe/21-07-2010/estudios-de-keiko-fujimori-y-hermanos-en-eeuu-costaron-us-1-millon-225-mil

NARCOINDULTOS

Este escándalo incluye al Presidente de Perú; Alán García, quien incidió de manera directa en el poder Judicial del Estado para modificar las sentencias de varios implicados en casos de narcotráfico. Las investigaciones desarrolladas por la Mega comisión establecida por el Congreso Nacional “dan cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de modificar alrededor del 30% de las resoluciones  judiciales; para la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.

En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada. En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.

Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.  A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas. Para entregar esta cantidad de indultos y conmutaciones, fue necesario modificar la normativa existente. Por una parte, se flexibilizaron los requisitos y las exigencias. Por otra, se fusionaron las comisiones que veían los casos a ser beneficiados, centralizando el manejo en una sola: la Comisión de Gracias Presidenciales.

Esta sufrió modificaciones con respecto a su antecesora: se redujo el quórum de su instalación de 4 a 3 miembros, se cambió su composición de profesionales especializados a un nombramiento simple, se eliminó el sorteo para la distribución de las solicitudes entre los comisionados y también se eliminó la obligación de archivar las solicitudes de indulto denegadas. El informe incluye análisis de casos: 3 de indultos y 39 de conmutaciones de pena. En indultos, se revisan los entregados a Juan Dianderas Ottone, José Francisco Crousillat y Julio Espinoza Jiménez, expresidente del Sistema Integral de Salud. Los tres fueron indultados a pesar de no padecer enfermedad terminal alguna.

El pedido de Crousillat incluso había sido rechazado antes por “no calzar” dentro de los requisitos para esta gracia presidencial. En el caso de Espinoza Jiménez, la Comisión considera que hubo “sustracción de la acción de justicia”, pues fue indultado en pleno proceso judicial a pesar de no cumplir los requisitos para recibir dicha gracia. Respecto a los casos analizados de conmutaciones de pena, se encontró casos de familias y bandas enteras siendo conmutadas, así como denuncias de cobros. Lo más significativo de esta parte, sin embargo, es verificar que Alan García disminuía en ocasiones los años de condena propuestos por la Comisión de Gracias Presidenciales, consignando los cambios con su puño y letra. Es decir, alteraba los expedientes. “A todos les ponía mi rúbrica”, dijo García ante la Comisión. “Lo pueden ver en los 5.200 casos. No tengo problema”. Asimismo, dijo no saber sobre el cambio de la reglamentación. “Supongo que (ocurrió) por el ministro a cargo.

Desconozco absolutamente esas negociaciones”. Consultado sobre el número alto de conmutaciones por tráfico ilícito de drogas, dijo que “no dispuso priorizarlas”, y que eso “corresponde a ellos (los ministros)”.

Lo encontrado permite establecer, afirman, “indicios de responsabilidad penal” en Alan
García por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y asociación ilícita para delinquir. Asimismo, halla indicios razonables de que García infringió los siguientes artículos 39, 43, 44, 45 y 118 de la Constitución. También encuentran indicio
s para concluir que García transgredió el artículo octavo de la Carta Magna, que “ordena imperativamente que el Estado combata y sancione el tráfico de drogas”.

Por esto último, “corresponde formular denuncia constitucional contra el expresidente  Alan García Pérez”, especialmente “por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política del Perú” (página 149 del Informe).

FUENTE: http://www.academia.edu/7682495/RESUMEN_CASO_NARCOINDULTOS

Caso Ecoteva

LO QUE SE CONOCE
1. Eva Fernenbug constituyó el 2014 la empresa Ecoteva, en Costa Rica, con un fondo de 17 millones de dólares traspasado desde cuentas de Maiman, según su abogado Lamas Puccio. Por medio de esta compañía, la suegra del ex presidente adquirió dos propiedades: una casa de US$ 3,8 millones en Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega de Surco a US$ 882 mil.

2. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló queho y Punta Sal del ex jefe de Estado. Toledo contó que le pidió US$ 494 mil prestado a Maiman, porque el 11% de interés que le cobraba el banco lo estaba “consumiendo”. “Él sabe que se lo devolveré”, respondió al ser consultado sobre la forma de pago.

con fondos de Ecoteva también se pagaron los saldos de las hipotecas de las casas de Camac

3. Actualmente, el ex presidente Alejandro Toledo es investigado en dos instancias, en la Fiscalía de la Nación y en la Comisión de Fiscalización, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, y podría enfrentar una tercera, también en el Ministerio Público, por lavado de activos, de acuerdo a un pedido de la procuradora Julia Príncipe.

4. Hasta el momento el ex presidente Toledo ha dado tres versiones sobre la compra de la casa de Las Casuarinas: A. Cuando el tema salió a la luz aseguró que el inmueble fue adquirido con dinero de Fernenbug. “Es un bien obtenido con el trabajo de una vida”, dijo. B. En mayo de este año, en la Comisión de Fiscalización, una vez que se conoció de la existencia de Ecoteva, señaló que Maiman le prestó el dinero a su suegra para que compre las propiedades y que él no participó en las negociaciones. C. Esta semana, durante su último paso por Lima, el jefe de Estado admitió, pese a que negó tener vínculo alguno con Ecoteva, que fungió de agente inmobiliario del empresario israelí buscándole casas “como posibilidades de inversión”. No obstante, correos electrónicos entre su esposa Eliane Karp y el corredor inmobiliario Paul Allemant, difundidos el pasado miércoles, dejan entrever que la pareja Toledo-Karp buscaba para ellos una casa en Casuarinas.

LO QUE DEBE PROBARSE
1. El Caso Ecoteva se investiga en dos áreas del Ministerio Público. La 48° Fiscalía Penal de Lima indaga si Fernenbug incurrió o no en el presunto delito de lavado de activos y la Fiscalía de la Nación busca establecer si el ex presidente Toledo tiene responsabilidad o no por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

2. Según el abogado Lamas Puccio, Maiman ha entregado a la fiscalía los documentos que acreditan que desde sus cuentas salieron los 17 millones de dólares con los que se formó Ecoteva. Dichas pruebas se mantienen en reserva. La licitud del origen del dinero es el principal elemento a demostrar.

3. Otro punto que se debe aclarar es qué hizo el militar israelí en retiro Avraham Dan On en Costa Rica, donde la suegra de Toledo fundó Ecoteva, cuando viajó a ese país entre el 2004 y 2006, cuando aún era jefe de Seguridad del ex presidente. El secretario general de Perú Posible, Luis Thais, trató de marcar distancia con este: “Dan On es hombre de confianza de Maiman, no de Toledo”, dijo en diálogo con El Comercio.

4. También se debe determinar si fue Toledo Manrique quien le pidió o no al notario costarricense Melvin Rudelman constituir la empresa Ecoteva. En declaraciones al noticiero “Hoy”, del canal 9 de Costa Rica, el abogado dijo que el líder de Perú Posible lo contactó con ese fin.

FUENTE: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/caso-ecoteva-lo-que-se-sabe-queda-probarse-investigacion-toledo-noticia-1634590